La creación de los Gobiernos Regionales el año 1992 constituyó el hito más importante en nuestro proceso de descentralización, instalándose las bases para poder romper la tradición y el excesivo centralismo existente en nuestro país. Con esta iniciativa se creaba un nivel de gobierno intermedio que no existía en nuestra institucionalidad pública, hecho que constituye tal vez el proceso de modernización del Estado más importante llevado a cabo por nuestro país en los últimos 25 años. Lo anterior nos enfrentó al desafío de construir toda una nueva institucionalidad y adecuar su funcionamiento, creando nuevas estructuras organizacionales descentralizadas a nivel regional,  adecuando las estructuras del nivel central para operar en el territorio de manera desconcentrada, la creación de nuevos procesos, instrumentos, y nuevos niveles y espacios de toma de decisiones públicas que no existían.

Avances importantes se hicieron en este tema en el transcurso de los años siguientes, como por ejemplo, la creación de la Ley de Plantas Regionales, que permitía dotar de un mínimo de funcionarios a los GORES; las sucesivas modificaciones a la Ley 19.075, que apuntaron a fortalecer a la capacidad de los GORES en diferentes materias de coordinación presupuestaria y de planificación; y finalmente, la elección directa de los CORES, lo cual contribuyó a democratizar en lo que se refiere a su generación a ese órgano del GORE.

A pesar de los avances señalados, con el tiempo esta nueva institucionalidad mostró debilidades importantes para hacer que efectivamente los GORES fueran actores importantes en el proceso de desarrollo de las regiones. No por falta de capacidad de los equipos de profesionales y técnicos situados en ese nivel de gobierno, sino que por el excesivo centralismo de nuestro país -que permea de manera profunda la cultura y práctica de nuestras instituciones- así como también por la falta de instrumentos y marcos legales adecuados que permitieran fortalecer a los GORES, para cumplir efectivamente el sentido que motivó su existencia.

Esta situación significó un estancamiento en nuestro proceso de descentralización, una tensión permanente entre el nivel regional y el nivel central, terminando éste último actuando casi sin contrapeso en las regiones. 

Otra consecuencia importante del escaso avance del proceso de descentralización, tiene que ver con la manera en que el centralismo ha afectado las posibilidades de nuestro país de tener un desarrollo más equilibrado territorialmente. Es así como lo han señalado varios estudios, que en los últimos años han evidenciado la incapacidad de nuestro país de aprovechar un tremendo potencial regional existente, que al estar subutilizado, dificulta nuestro desarrollo y profundiza nuestras disparidades regionales. 

Esta situación descrita, puede cambiar sustantivamente en el futuro, a partir de los recientes cambios que se han introducido en nuestra legislación, lo cual permitirá darle un segundo aire al proceso de descentralización.

Con esto nos referimos al conjunto de normas legales que en los dos últimos años fueron aprobadas, tal es el caso de la Ley 21.073, la cual regula la elección de gobernadores regionales a partir del año 2020; y la Ley 21.074 sobre Fortalecimiento de la regionalización del país, la cual entrega mayores funciones y atribuciones a los GORES, fortalece sus estructuras organizacionales, e instala un mecanismo para el traspaso de competencias del nivel central a los GORES.

Es cierto que la implementación de estos cambios se hará de manera gradual, pero también es cierto que se realizará de manera sostenida y se avanzará, inevitablemente, dado el consenso existente y la necesidad imperiosa de alcanzar mejores y más equitativos niveles de desarrollo social y territorial. 

Si nos centramos en los GORES, se prevé que con esta instancia pasen a ser –tal como lo señala la nueva ley- efectivos “responsables del diseño, elaboración, aprobación y aplicación de las políticas, planes y proyectos de desarrollo de la región  en el ámbito de sus competencias”. Para cumplir esta responsabilidad, los GORES tienen que fortalecer capacidades existentes e instalar otras que se requerirán, para así dar efectivas respuestas a las demandas de la ciudadanía, ya que se espera que los resultados de la acción pública, tendrán que ser más pertinentes y, por lo tanto, más eficientes. 



UN DIPLOMADO PENSADO PARA LOS NUEVOS DESAFÍOS

Para enfrentar los desafíos que contemplan estas transformaciones, es que en el Centro de Estudios para el Desarrollo Territorial de la Universidad de Santiago de Chile, hemos lanzado en nuestra oferta académica 2018 el Diplomado en Gestión Regional (Tercera Versión), el cual es parte del Programa de Formación de Capital Humano para el Proceso de Descentralización y el Desarrollo Territorial en Chile. 

Felipe Ortega es Administrador Público de la Universidad de Chile, Magíster en Gerencia y Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez.  Ha dirigido diferentes estudios y programas en temas de innovación y desarrollo y gestión territorial para instituciones como el Ministerio de Economía, Consejo Nacional de Innovación, CORFO, Innova Chile, SUBDERE, CODELCO, y diversos gobiernos regionales y municipalidades del país. Se ha desempeñado como consultor del PNUD, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y de la OECD.


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